No hay nada
más triste que un teatro sin público, una sala de conciertos sin voces y
enmudecida de luces, la sombra congelada del aplauso, los cuentos de las 12
robados al sábado, y las miradas ciegas, sin amarres que ayuden a cruzar de una
a otra orilla, la escena. Cae el telón, clarines de guerra.
No hay nada
más indignante que un teatro o una sala de exposiciones destinados a usos
incongruentes y espurios por la dejadez y la falta de medios (antaño) o por
servir a intereses de parte (hogaño), hurtando a los vecinos y vecinas, el
derecho de acceso a la cultura que nos marcan la Constitución y las leyes.
Recientemente
se ha publicado en El
Diario.es un artículo de
David Márquez Martín de Leona titulado ¿Y
si hablamos alguna vez de políticas públicas (culturales)?[1] donde
presenta algunos datos muy relevantes y demanda la necesidad de analizarlos y
evaluarlos con el fin de obtener una base empírica para el diseño de políticas
públicas que mejoren el acceso a la cultura, reivindicando "hacer una
política cultural madura orientada hacia el servicio público, pero sin duda da
para menos titulares e impone debates menos excitantes llenos de propuestas más
técnicas y grises". (La negrita
es mía).
Debates menos excitantes, sin duda, y yo me atrevería a decir que
ojalá el tema estuviera siquiera sobre la mesa para iniciarlo negro sobre
blanco, porque cualquier otra tonalidad, incluida el gris, permanece hoy
invisible al ojo humano ante la falta de claridad sobre lo que está
pasando con la cultura en Madrid que nos permita no ya interpretar, sino tan
sólo vislumbrar cualquier color más allá del espectro que va del rosa al amarillo como en la película de Summers (rodada
por completo en blanco y negro y que narra dos historias de amor ubicadas una
en la adolescencia y otra en la senectud) y que en el caso de la guerra
cultural que se ha instaurado en el Ayuntamiento de Madrid, esta metáfora
fílmica nos viene al pelo.
Porque esta
guerra cultural de guerrillas -necesaria o absurda-, pero legítima en el plano
social o político, no lo es tanto cuando hablamos de cultura pública (sobre
todo en lo referente a los centros culturales de distrito) ya que ambos bandos
olvidan que de lo que estamos tratando es de un derecho básico y de cultura
financiada con fondos públicos y que aquí no caben las medias tintas para un
uso partidista de la cultura seas del bando adolescente o del antiguo régimen,
y me refiero con esto tanto a los recién llegados que hoy tienen las riendas
del poder municipal, como a quienes durante décadas férreamente lo ostentaron y
ahora se obcecan en no soltarlo.
Que la
política cultural del Ayuntamiento de Madrid sea tema de conversación día sí y
día no en periódicos o tabloides, que haya sido objeto de alguna intervención
policial o que acabe en los juzgados y tribunales e -incluso- en la Audiencia
Nacional, no ayuda en absoluto a un debate sereno y centrado sobre políticas
públicas culturales. Porque, a pesar de querer seguir a pie juntillas la
recomendación del show presentado por Facu Díaz y Miguel
Maldonado todos los jueves en el Teatro del Barrio: “No te metas en política”,
parece que no es posible abordar el asunto sin pringarse las manos y sin que la
situación estrambótica de la cultura madrileña y de los agentes culturales que
intervenimos en la misma nos convirtamos en una parodia de la actualidad política
que refleja este programa, con sus querellantes y parodiados y,
desgraciadamente, con algunos de los agentes implicados –como los titiriteros
Alfonso Lázaro y Raúl García- habiendo pasado por la cárcel. Con estos mimbres
no es posible atisbar la salida a esta tragicomedia de la España negra que ni
el mejor Berlanga hubiera urdido para desarrollar este plano secuencia de costumbrismo situacionista que va camino de durar dos largos
años, en el que se halla estancada la cultura madrileña, enfrascada en una
batalla inútil pero, como hemos visto, a veces cruenta, de símbolos,
posiciones, hegemonías y narrativas enfrentadas. Y, como colofón final a esta
sátira ácida, atémonos los machos y ciñámonos los tuits, que vuelve la censura y
baja el IVA para los espectáculos en vivo, castigando sin rebaja a los díscolos
del cine por su pertinaz inclinación a dar, a su vez, el espectáculo en vivo y
en directo, cuando intervienen fuera de las pantallas.
Así pues, ni
aun tratando de abordar el tema desde una perspectiva analítica y objetiva como
me correspondería desde mi posición en la Administración cultural pública ya
que sobrellevo condena voluntaria como funcionaria en un centro cultural
municipal desde hace más de 13 años, parece complicado abstraerse de esta guerra
cultural y de la politización de la misma, puesto que la batalla cultural no
sólo se entabla entre facciones contrarias (Gobierno y oposición y sus medios
de comunicación afines), sino también entre facciones aliadas dentro del mismo
equipo de gobierno municipal (no hay que olvidar que el gobierno de la capital,
ejercido por Ahora Madrid con el apoyo del PSOE, es un partido
instrumental donde confluyen movimientos ciudadanos, asociaciones, partidos
-Podemos, IU, Equo- e independientes). Y, para más circo mediático, también los
satélites distritales toman posiciones en función de las presiones del tejido
social y cultural que les haya tocado en suerte, donde Ganemos (sector al que
pertenecía la ex-delegada de Cultura, Celia Mayer, ahora reconvertida a Madrid 129), va pegando muy
fuerte, por lo menos en mi distrito donde los escasos espacios y equipamientos
culturales se están convirtiendo en verdaderos territorios a conquistar y
colonizar desde lo social, como si los espacios públicos en los que hasta ahora
nunca habían reparado, fueran verdaderos bastiones a asaltar y los individuos
que hasta ahora los habitábamos: trabajadores, usuarios, monitores, pequeñas
empresas, compañías de teatro, etc. así como los puestos de trabajo que
generan, se convirtieran en verdaderos botines de guerra.
La ciudad ha
sido siempre y es hoy, un territorio en disputa donde los distintos agentes
intervienen con distintas fuerzas, ideas, alianzas y lógicas enfrentadas; y lo
mismo sucede con la dimensión cultural que a la vez que da forma y configura un
territorio complejo de relaciones sociales, significaciones, intercambios,
luchas y alianzas, también es fruto de la configuración que de ella hacen los
diversos agentes políticos, sociales y económicos que dan forma a la realidad social
y cultural de la ciudad. El municipalismo actual es un gran laboratorio donde
confluyen muchas lógicas, muchas formas de entender la realidad y de plasmarla
haciéndola real.
¿Pero qué
está sucediendo en Madrid donde existe un grado alarmante de confusión y
conflictividad entre lo público, lo privado, lo común y lo comunitario; y donde
los interlocutores habituales de las industrias y contenidos culturales – las
gentes de la cultura- han sido desplazados por otros – los agentes de lo
cultural-?
¿Qué ocurre
con la gente, con el público habitual de las programaciones: conciertos,
teatro, actividades infantiles, etc. a los que se les ha cortado la
programación durante más de un año, en espera de que el tejido asociativo
diseñe una nueva programación “experimental”? ¿Por qué se castiga sin el
derecho de acceso precisamente a las personas más vulnerables que son las que
acudían a las funciones gratuitas de los teatros de los centros culturales
municipales de distrito? ¿Exigimos carta de asociacionismo a los individuos y a
la población general, para tener acceso a la cultura pública?
¿Qué ha
pasado con el magro presupuesto aprobado en 2016 para la cultura en algunos
distritos, del que no se ha gastado un euro para programar ni para asistencia
técnica de iluminación-sonido, en ninguno de los centros culturales públicos?
En el Plan
de gobierno se fija como objetivo estratégico: construir y promover la cultura
como bien común. Para ello se fijan una serie de estrategias entre las que se
encuentran la descentralización de los programas y recursos dedicados al área
cultural, la difusión y descentralización de la cultura y la promoción del
acceso a los equipamientos y programas culturales como servicio público de
calidad, diverso y accesible.
¿Qué ocurre
en los centros culturales de distrito donde en vez del apoyo de las mareas como
en el resto de los servicios públicos (educación, sanidad…), los trabajadores
de los mismos hemos recibido chapapote y opacidad por parte del nuevo gobierno
municipal? Y, como guinda, en la propuesta de nueva reestructuración de los
distritos se propone de forma directa y descarnada, la eliminación de los
directores de centros culturales de distrito y su pase a un limbo
administrativo a merced de lo que decida el político de turno de la Junta Municipal.
Hablamos de funcionarios de carrera que hemos obtenido las plazas por concurso específico de méritos y no de libres designaciones.
¿Qué pasa
cuando desde algunos sectores se pretende tensionar
las instituciones? Y, por lo pronto, los únicos tensionados hemos sido los propios trabajadores de
los centros porque, hasta ahora, seguimos sometidos a las mismas reglas (desde
lo público) impuestas por la Administración local a la que pertenecemos,
mientras que se nos exige romper esas reglas desde lo social. ¿Podemos a la vez
servir a Dios y al Diablo cuando seguimos en un limbo de medios materiales y
humanos y ni siquiera nos es posible servir adecuadamente a unos cuantos
mortales? ¿Tenemos los funcionarios que estar sometidos a la tensión diaria,
física y mental, de elegir a quién obedecer, favorecer o secundar porque en los
distritos, manteniendo las estructuras formales de la Administración, se ha ido
poco a poco gestado una administración paralela de poder informal?
Es verdad
que en la Administración, las personas influimos sobremanera en la aplicación
de las reglas, por muy rígidas que sean, y tenemos cierto margen de maniobra en
función de nuestra propia ideología, ética, carácter, actitud, conocimientos,
etc. pero ¿debe un empleado público tomar partido cuando su función es servir
con objetividad los intereses generales? Y, en casos concretos como el mío que
trabajo en lo público y he estado lustros en el movimiento asociativo ¿a quién
elegir sin sentirme traidora? ¿A los usuarios habituales de mi centro o a los
colegas de las luchas de afuera? ¿Cómo salvar esta esquizofrenia diaria que
está afectando a mi salud, ya de por sí deteriorada por años y años de las
políticas neoliberales de recortes, abandono, falta de medios y de
reconocimiento laboral y personal, etc? ¿No era este gobierno el gobierno de
los cuidados? Perdonen que en este estudio
de caso baje al terreno
personal, pero sin analizar los impactos reales y evaluar la praxis además de
con datos, con experiencias de vida -porque afecta a seres humanos-, la teoría
andará errada.
¿Qué sucede
cuando lo colectivo se prima sobre la individual y esto trae como consecuencia
que las personas hasta ahora usuarias habituales de los centros culturales se
las quiere desplazar por nuevos agentes? Porque sobre el papel y, en teoría,
ahora todo tiene cabida en el
común, pero en la práctica,
los espacios físicos, los tiempos de reparto y los recursos son escasos. La
mayor parte de los centros culturales somos pequeños contenedores con
limitaciones físicas para albergar la creciente demanda de servicios y usos,
usos que a veces no son posibles por la propia infraestructura de los
equipamientos (escasez de aulas, ruidos, acondicionamiento para unos usos que
impiden el desarrollo de otros, etc.). Tampoco nos es posible dar cabida a
todos y, en algunos casos los demandantes, que caminan por vías paralelas y sin
puentes de cruce, pretenden cosas antagónicas. Por más que el nuevo
municipalismo se empeñe, todavía no se han creado espacios comunes donde
reconocerse. Los asiduos a los laboratorios y los Foros Locales no coinciden
con los usuarios habituales de los centros y, no (nos) engañemos, la
politización de ciertos espacios espanta a algunos y es aprovechada por otros.
El sector de Ahora Madrid que hasta ahora ha estado a cargo de
la cultura procede del campo de la Antropología social y su enfoque se ha
centrado en priorizar el registro antropológico sobre el registro estético
intentando aplicar –hasta ahora con éxito bastante limitado- un único modelo de
intervención para todos y cada uno de los contenedores y espacios culturales de
la ciudad: sea un pequeño centro cultural de distrito, una plaza, la calle, el
Circo Price o el mismísimo Teatro Español. La idea consiste en primar las
expresiones culturales y la cultura popular frente a la de las élites;
potenciar las acciones comunitarias frente a las individuales; favorecer la
cultura en construcción priorizando los procesos sobre los contenidos, los
productos culturales terminados o las obras cerradas; amparar la autoría
colectiva frente a la individual; descentralizar la cultura desplazándola del
centro de la ciudad a los distritos periféricos; dar cabida a nuevas
manifestaciones artísticas (danza urbana, muralismo, performances o disciplinas experimentales, etc.)
frente a las manifestaciones culturales más habituales, etc. En suma, poner en
valor la diversidad, potenciar la cultura como herramienta para transformar las
relaciones de convivencia, incidir en la vida ciudadana y contribuir a la
transformación social.
Ideas todas
ellas coherentes con una concepción de políticas públicas que tienen en cuenta
el retorno social de la cultura y que van más allá del simple acceso, pero que
sólo serán válidas si se aplican con un mínimo de racionalidad y no con
orejeras, si se llevan a cabo respetando otros muchos enfoques incluso el punto
de vista de que la cultura puede concebirse como un recurso de disfrute
individual puramente estético y no politizado; que además de para la expresión
y la participación social, la cultura puede ser ejercida tanto por creadores
individuales, como por profesionales y artistas de los distintos sectores que
conforman las industrias culturales, etc.
Y que desde
la homogeneidad en el tratamiento de espacios y proyectos sin tener en cuenta
numerosos factores como:
a) las
propias condiciones físicas y técnicas de los edificios, salas y equipamientos,
b) los
agentes que ya existían poniendo en marcha, trabajando, colaborando o
gestionando esos equipamientos y/o proyectos que puede que entren en conflicto
con los nuevos desarrollos si no se respetan mutuamente,
c) la
coexistencia de distintos públicos, los anteriores y los futuros y no la
sustitución de unos por otros;
d) todo el
entorno social creativo, artístico y cultural adyacente y no sólo al tejido
social que nos apoya o conviene para nuestros fines políticos, electorales,
laborales, clientelares o económicos,
e) la propia
historia de los equipamientos culturales que son mucho más que contenedores
vacíos porque tienen un tremendo poso histórico que ha costado mucho levantar
hasta convertirlos en referentes reconocidos a nivel local o internacional y
para los que un cambio de nombre tiene implicaciones simbólicas, o para los que
alterar el programa mismo y los contenidos, desplazando a los agentes
habituales por los de otras disciplinas y, por ende, también a los públicos
asiduos, supone una tremenda falta de respeto pudiendo sumar y no restar tanto
proyectos culturales, como agentes, disciplinas, ámbitos, espacios,
territorios, etc.
Y ¡Ojo! No olvidemos
nunca que estamos hablando de un ámbito como la cultura, tan sensible a que se
condicione o coarte la libertad de expresión y creación si se “marca el camino”
favoreciendo determinadas manifestaciones con mensaje social que hace que los
creadores y artistas se autocensuren o reconduzcan sus obras para ser
contratados por la Administración. Utilizar los mismos parámetros e indicadores
que se aplican a la intervención social para acabar con las desigualdades en
materia económica y social, es un arma de doble filo cuando se aplican a la
cultura donde debe primar la libertad de expresión y creación sobre la
exigencia de un “retorno social” mal entendido.
En los
últimos años, la sociedad ha reconocido que valores como la educación, la
igualdad, la diversidad, la equidad, los derechos humanos, la sostenibilidad
ambiental, la cohesión social, la participación y, en suma, todos los valores
que fomentan lo que entendemos por cultura democrática, deben ser tenidos en
consideración a la hora de elaborar las políticas públicas. Pero si se priman
los contenidos con valores de forma inadecuada, por ejemplo aplicando
indicadores culturales más propios de la intervención social que de la cultura
en general, caemos en uno de los vicios más viejos de la izquierda.
En las
últimas décadas, espacios públicos como la sanidad y la educación han sido
espacios colonizados por los intereses mercantiles y esto también ha sucedido
en el caso de los grandes contenedores de cultura. La educación y la sanidad
públicas se convirtieron en pilares del Estado del bienestar, fruto de las
conquistas sociales a lo largo de muchos años de lucha. Sin embargo, el
concepto de cultura como un derecho social no llegó a desarrollarse como otro
de los pilares del Estado social, considerada en la mayor parte de los casos,
como un derecho social accesorio, un servicio público florero y hasta un bien
común totalmente prescindible en época de recortes y prioridades
presupuestarias, contraviniendo así lo establecido en nuestra Constitución y
las leyes que consagran el acceso a la cultura como un derecho ciudadano
esencial básico.
Mucho se ha
hablado del impacto de las políticas neoliberales (recortes, privatizaciones,
etc.) sobre el deterioro de servicios públicos como la educación, la sanidad o
los servicios sociales, pero pocas veces se han tratado seriamente las
consecuencias de estas políticas sobre la cultura.
Lo cierto es
que en el municipio de Madrid, en las últimas décadas bajo gobiernos del PP,
nunca llegó a desarrollarse una verdadera democratización cultural porque la
oferta (dejando al margen los servicios bibliotecarios, archivos y museos) era
de escasísima calidad y no llegaba a todos los sectores de la sociedad, a pesar
de contar con numerosos equipamientos de proximidad –los centros culturales de
distrito- diseminados por gran parte del territorio. Y si no se aspiraba a la
democratización cultural incentivando la dimensión cultural del desarrollo,
promoviendo la difusión de productos culturales, aplicando unas políticas
capaces de dar cabida a los distintos gustos generacionales o diversidades
estéticas, estrechando las brechas carenciales con el acceso a la cultura para
determinados sectores de la población, etc; para qué hablar de democracia
cultural, de pluralidad, de diversidad, de implicar a la ciudadanía en los
procesos de decisión, gestión y acción cultural para integrar los valores y
manifestaciones culturales de los diferentes individuos y colectivos que
componen el rico mosaico de la ciudadanía local actual ya sea en su faceta de creadores,
intérpretes, educandos o público, o favoreciendo la participación individual o
colectiva en todos y cada uno de los procesos y dinámicas socioculturales que
configuran la ciudad.
Mientras los
buques insignia marca Madrid: Teatro
Español, Matadero, Centro-Centro, Conde Duque, Circo Price, etc.
ondeaban con el viento a favor y daban lustre a la cultura cortesana e incluso
experimentos como MediaLab-Prado o Intermediae aportaban el suficiente barniz de
contemporaneidad y experimentación de la cultura digital y el “procomún” más a
la izquierda de la izquierda posmoderna, del
salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y
cubierta de polvo veíase la
cultura municipal del PP en lo referente a los centros culturales de distrito,
la cultura destinada a los villanos y, más específicamente a las villanas,
puesto que aquí las usuarias ganan por goleada.
Cierto es
que la suerte cultural iba por barrios pues dependiendo del Concejal/a que le
tocara en suerte a cada distrito, la partida presupuestaria destinada a la
programación cultural era de mayor o de menor cuantía, o incluso si para el
susodicho existiesen otras prioridades, la partida destinada a la programación
cultural, se volatilizaba y a veces no sólo desaparecía el guarismo, sino que
eran frecuentes las elipsis en los epígrafes correspondientes de los
Presupuesto de años subsiguientes. De todas las competencias del Distrito, la
cultura siempre estaba al final de la cola, pero era la primera de la lista
cuando se decretaba la tijera presupuestaria.
Durante los
años en que los responsables políticos –Concejal Presidente o Asesore/as del
mismo- mantuvieron los teatros de los centros culturales en barbecho, había que
buscarse las castañas con programaciones gratuitas o cediendo espacios de
ensayo a cambio de alguna representación que echar al populacho porque para los responsables
políticos nunca los usuarios de los centros culturales tuvieron carta de
ciudadanía, excepto los que acudían a los cursos y talleres que, estos sí,
pagaban religiosamente el precio público correspondiente y exigían, claro que
exigían, un servicio de calidad.
La
asistencia técnica de sonido e iluminación brillaba por su ausencia y era
atendida por voluntarios, los propios grupos que actuaban gratis o los directores
de los centros, quienes elaborábamos carteles y folletos, imprimíamos la
programación en la impresora de casa y hasta pagando de nuestros bolsillos el
tóner a color, las pilas para los micrófonos, y otros materiales fungibles
necesarios que se salen del material común de oficina, el único que nos
suministraban. La incomprensión hacia nuestra labor era total y absoluta pues
dependíamos de un órgano de carácter administrativo –la Junta Municipal de
Distrito- que no atendía las necesidades específicas de un equipamiento
dedicado a servicios culturales, más allá de los puramente administrativos y la
coordinación con el Área de Cultura (Artes) era prácticamente nula. La carencia
de medios era impropia de una Administración, pero aún más lo era la incomprensión
y la dejadez con la que nos trataban a los que nos empeñábamos, a pesar de las
trabas burocráticas y el ninguneo generalizado, en prestar un servicio público
de acceso a la cultura.
Incluso
durante los años en los que se contaba con presupuesto y se sacaban a
licitación pública la programación y la asistencia técnica –adjudicándose a la
empresa que ofertaba el precio más bajo- el presupuesto era tan parco y la
oferta cultural ofrecida de tan escasa calidad, que teníamos que negociar con
las empresas adjudicatarias para que incluyeran algunas programaciones elegidas
por las direcciones, fuera de su propio catálogo. La suerte llegaba cuando caía
en forma de maná y a cuentagotas, alguna programación vía Madrid-Activa, un
programa de la empresa pública Madrid
Destino que nos servía
contenidos culturales a los distritos (teatro, conciertos, programación
infantil, etc) y que con los recortes también fue devaluándose poco a poco en
cantidad y calidad. Pero aun en esas circunstancias precarias había riesgos más
graves, como que colocaran un tatami y suspendieran la programación durante dos
años seguidos porque no encontraban otro sitio para impartir clases de judo,
cosa que le sucedió al teatro de mi centro cultural, tras haber demolido el
único polideportivo del distrito que existía en aquellos tiempos (El
Polideportivo de La Cebada). Esta fue la solución política encontrada y la más
inmediata, tras aparecer los padres de los niños quejándose en TeleMadrid por
la pérdida de las clases de judo de sus hijos.
¿Y qué
contar de los efectos de los contratos integrales (limpieza, mantenimiento del
edificio y personal auxiliar), que convirtieron los centros culturales en
verdaderos focos de precariedad donde el personal cobraba 3,5€ la hora? de los
que ahora la nueva Corporación se queja tanto por dejarles las manos atadas en
lo referente a la limpieza de la ciudad, pero que durante años hemos sufrido de
forma lacerante los trabajadores de los centros culturales, tanto los empleados
públicos (en algunos sólo existe la figura del Director funcionario y un
Auxiliar Administrativo), como el personal externalizado. Durante casi dos
lustros, hemos sido auténticos nichos de precariedad con personal no formado
que cambiaba con cada contrato, con salarios ínfimos y en condiciones laborales
de explotación, etc).
Contra viento y marea los trabajadores de algunos servicios
públicos permanecimos en nuestros pequeños reductos procurando resistir los
embates privatizadores ofreciendo servicios culturales dentro de nuestro poco
margen de maniobra. Mientras que los buques insignia de los grandes organismos
culturales madrileños: Matadero, Teatro Español, Madrid Centro-Centro, etc.
contaban con gerentes de cuello blanco, directores artísticos y presupuestos,
los centros culturales de proximidad anduvimos abandonados a nuestra suerte en
manos de las grandes constructoras (para el mantenimiento y limpieza del
edificio e incluso el personal de información al público) y de pequeñas o
medianas empresas que pujaban a la baja reduciendo en costes de personal (para
la programación cultural o los monitores de los cursos y talleres). Si tenemos
en cuenta que en estos espacios de cultura vecinal debemos servir a un
heterogéneo elenco de públicos y a una variedad de gustos, temáticas y enfoques
con unos medios inexistentes tanto en cuanto a equipamientos como a medios
personales (muchos centros no cuentan con auxiliares administrativos propios,
personal técnico de iluminación y sonido, vigilantes, etc.) y a esto se suma
que el personal de las empresas externas llega sin preparación y cambia
constantemente al albur de las necesidades de la empresa o de si torna la
adjudicataria.
Y en estos
lodos andábamos en los centros culturales de distrito, cuando llegaron como agua
de mayo, las nuevas corrientes municipalistas con una inquebrantable defensa de
la sanidad y la educación públicas y con un respeto exquisito por los empleados
públicos que no sólo habían participado en las mareas, sino que con su quehacer
diario contribuían al mantenimiento de la sanidad y la escuela públicas; pero,
por el contrario, con cierta falta de empatía –siendo eufemísticamente suave
para no herir las sensibilidades de algunos sectores de Ahora Madrid que tanto hablan de los cuidados- hacia los servicios
públicos culturales y hacia los trabajadores de la cosa pública que ya
llevábamos demasiado fango encima con las anteriores políticas neoliberales.
Hablemos
claro y sin mordazas. La primera ola del tejido asociativo llegó arrasando y,
con la excusa del esto no
funciona, la burocratización y la administración en materia cultural están
obsoletas, nosotros nos lo guisamos y nos los autogestionamos o cogestionamos con nuestras novedosas, maravillosas y
revolucionarias propuestas en materia social y cultural. Y algunos llegaron
hasta con la cinta métrica emulando los anteriores amagos de privatización
total de espacios públicos cuando llegaba del Concejal de Distrito de la mano
del empresario amigo, pero ahora con el marchamo de lo público-social en vez del manido y anticuado público-privado. Y sí, hablo de
espacios públicos en uso destinados a servicios públicos, no de los espacios
públicos vacíos que legítimamente se ceden para uso colectivo ciudadano. Se da
la paradoja –e incluso la ironía- de que algunos personajes que antes defendían
el mantra de lo público-privado,
ahora se presentaban como adalides de lo público-social,
así, sin despeinarse una cana.
En estos
escasos dos años, el Gobierno de Ahora Madrid está abriendo los armarios y
aireando los cajones de la corrupción que durante mucho tiempo estuvo instalada
en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos corroborado lo que sospechábamos, que la
corrupción generalizada estaba en el corazón del partido gobernante en los
diversos ámbitos: estatal, autonómico y local.
A ello ha
contribuido también el tejido asociativo y la puesta en marcha de auditorías
ciudadanas para analizar la deuda municipal, los sobrecostes, el impacto de las
privatizaciones, etc. El propio Ayuntamiento de Ahora Madrid ha propiciado el proceso
de una Auditoría Ciudadana Municipal que se ha centrado en la evolución de las
políticas públicas, evaluando no sólo el cumplimiento de objetivos, la
eficiencia en el cumplimiento de programas presupuestarios, sino midiendo
también el impacto conseguido respecto del progreso social y el bienestar de la
ciudadanía. Hasta ahora se han evaluado los impactos de tipo económico, social,
medioambiental, de género y financiero en relación con las políticas públicas
desarrolladas por la Administración en los últimos años y los informes se han
publicado en la web del Ayuntamiento.[2] Informes
serios, objetivos, operativos y muy ilustrativos.
El informe
se estructura como sigue: Introducción, Metodología, Historia de los centros
culturales, Datos sociológicos del distrito, Análisis de los talleres de los
centros culturales (presupuestos, calidad, condiciones de empleo, empresas
adjudicatarias), Conclusiones, Propuestas a futuro, Documentación y Anexos.
No me voy a
centrar en el análisis concreto de la mezcolanza de datos, indicadores y
correlaciones disparatadas que presenta este informe, elaborado con buena
voluntad y predisposición por algunos de los participantes, pero que, sin
embargo, muestra claramente cierto sesgo escorado a confirmar prejuicios
previos y se aleja bastante de lo que se supone debería ser una evaluación
objetiva y rigurosa; basta acudir a las conclusiones y las propuestas de futuro
para comprobar su arbitrariedad.
En el
apartado de Historia de los
Centros Culturales se hace
mención a la construcción y creación de muchos de los centros municipales de
distrito actualmente existentes en época del Alcalde Enrique Tierno Galván. En
los años 80, tras la explosión democrática después de 40 años de dictadura,
existía un nutrido y combativo tejido asociativo de barrio que fue el que dio
impulso a la creación de muchos de los servicios que hoy existen en el
Ayuntamiento de Madrid y que antes no existían. Gran parte del tejido
asociativo de aquellos años y que operaba en las Casas del Pueblo o en las Casas
de Cultura, Casas de la Juventud (autogestionadas o financiadas por partidos de
la izquierda política y/social, por asociaciones, o con ayudas públicas), así
como centros de salud y de planificación familiar, etc. pasaron a formar parte
de la propia estructura administrativa del Ayuntamiento como gestores,
dinamizadores, personal laboral e incluso se crearon funcionarios de cuerpos
especiales de nuevo cuño en educación, sanidad, consumo, servicios sociales,
servicios de salud, etc. Además de los puramente administrativos, muchos de los
servicios que existen hoy en el Ayuntamiento de Madrid se crearon y
desarrollaron en aquella época (servicios sociales, educación, centros
culturales, sanidad, consumo, etc.) y posteriormente se han desarrollado otros
muchos servicios: igualdad, empleo, centros de mayores, escuelas infantiles,
etc.
El informe
detalla con nostalgia y alegría ese momento de explosión democrática que se
vivió en Madrid y que muchos por edad, vivimos y hasta formamos parte como
impulsores del mismo.
"Con la
llegada de Enrique Tierno Galván a la alcaldía de la Villa y Corte, tras las
primeras elecciones municipales después de más de 40 años de ‘alcaldes a dedo’,
los nuevos gestores municipales del P.S.O.E./P.C.E. aprovecharon el robusto
asociacionismo de los barrios madrileños para dar un impulso a la abandonada
Cultura. Al carecer de técnicos profesionales y locales apropiados, las
nacientes Casas de Cultura y Casas de la Juventud, precursoras de los Centros
Culturales, se instalaron en casas y locales de alquiler y a su cargo se puso a
destacados miembros de los colectivos ciudadanos, muy numerosos, organizados y
combativos en aquellos años. Después, coincidiendo con los años de “La Movida
madrileña”, en los que existe una gran explosión cultural y artística, se
construyó la amplia red de Centros Culturales y se formó a los animadores,
técnicos y gestores culturales para dinamizar estos nuevos locales, clausurando
sus predecesoras y enfriando y debilitando los movimientos sociales que fueron
desapareciendo en su mayoría. Los centros culturales se construyen con el
objetivo de que no existiera ningún barrio sin equipamiento cultural y que
todos los vecinos pudieran acceder a ellos de forma fácil. Pretendían poner la
cultura al alcance de todos y crear tejido social. Más allá de su oferta
cultural, que es importante, la principal misión de estos centros era hacer que
los vecinos de un barrio se conociesen y conviviesen en un mundo que tiende a
aislar a los individuos.
En esta
primera etapa, había una articulación entre las diversas entidades sociales del
barrio y los Centros Culturales. Se daba una colaboración con la Junta
Municipal, los colegios y las asociaciones vecinales (AA.VV.). Se organizaban
actividades para niños, actuaciones musicales, teatro, viajes culturales,
participación en los Carnavales, en la Semana Cultural, fiestas del barrio…
Se
organizaban reuniones y charlas sobre problemáticas del barrio, el problema de
la droga, etc. En el Centro Cultural de San Fermín se daban Cursos de “Corte y
confección”, de Informática, etc. Se puso en marcha la “Escuela Municipal de
Adultos” por la presión ejercida por la AA.VV. Lo organizaron un pequeño grupo
de profesoras en régimen de cooperativa. Fue una escuela de calidad, no meros
talleres de pasatiempo, que daba titulaciones de Graduado Escolar. Regularmente
les visitaba el inspector de Enseñanza Primaria para asegurar la calidad de sus
enseñanzas. Mucha gente del barrio fue así como consiguió esta titulación, lo
que aumentó el nivel educativo del barrio. El Centro Cultural Blasco Ibáñez,
ubicado en el barrio de San Isidro del Distrito de Carabanchel, comenzó a
funcionar en 1980. La iniciativa vecinal y el trabajo cooperativo tenían allí
su expresión. No había separación entre el Centro y el Barrio, muchas de las
actividades se realizaban al aire libre, y uno de los objetivos era conocer la
realidad del Barrio.
Los mismos
alumnos elaboraron unos estatutos y programación para el funcionamiento del
Centro durante los primeros meses. Así mismo se les dio participación para
acondicionar el Centro con los escasos recursos que disponía la Junta Municipal
de Carabanchel. En este Centro, la actividad que con más regularidad se
realizaba era denominada: “Educación de adultos”. Era un espacio de encuentro,
de discusión, de desarrollo personal integral y en familia. Otras actividades
que se ofrecían era la de invitar a personas preparadas en los diversos campos
de las ciencias para dar charlas, recitar poemas, o hablar del Barrio, de sus
necesidades. Los monitores trabajaban en equipo (había una reunión trimestral
de coordinación) y les animaba la pedagogía de Paulo Freire, que trataban de
seguirla siempre no exenta de dificultades. Una de las personas que trabajó en
este Centro Cultural, recuerda aquellos años de trabajo en él, como los años
más “frescos, libres, ilusionantes” de su trabajo educativo, siendo más lo que
aprendió de ellas, que lo que él pudo enseñar".
Es decir,
que lo que proponen es una vuelta a la situación de predesarrollo de
determinados servicios públicos de la Administración local, además de labrarse
un empleo dentro de la misma como ocurrió en los años 80, pero ahora duplicando
servicios que ya existen y están operativos dentro del organigrama del
Ayuntamiento y de las plantillas de personal existente que se hayan reflejadas
y pormenorizadas en la Relación de Puestos de Trabajo. Y en algunos casos,
como en el de los directores de centros culturales, cargándose de un plumazo
nuestra carrera administrativa y, lo que es más grave, nuestra dignidad laboral y personal.
Lo cierto es que los centros culturales de distrito hemos dado cobertura al
tejido creativo y artístico de los barrios, a asociaciones culturales, pequeños
empresarios y autónomos (compañías de teatro, títeres, cuentacuentos, etc. a
asociaciones vecinales, etc. promocionando a artistas plásticos y visuales del
distrito, grupos musicales de gran diversidad de estilos, etc. Las más de las
veces, sin presupuesto alguno, hemos podido programar a cambio de cesiones de
espacios para ensayos, colaboraciones con las AMPAS, con pequeñas asociaciones
culturales, de mujeres, asociaciones de discapacitados o colectivos artísticos
del barrio.
Pero también
es cierto, que durante muchos años se había producido una desconexión entre los
centros culturales y sus usuarios habituales (alumnado, asistentes a las
programaciones, colegios e institutos del distrito, asociaciones culturales y
artísticas no politizadas, creadores y pequeñas compañías artísticas,
etc. por un lado, y un tejido asociativo y colectivo de los barrios muy
politizado, por otro. Sin embargo, en muchos casos, se ha tratado de una
desconexión mutua porque muchos de los movimientos sociales (ecologista,
pacifista, antimilitarista, de okupación, de autogestión, por el derecho a la
vivienda, consumo responsable, etc.) se centraban en reivindicar sus propias luchas y operaban en
sus propios territorios sin acercarse jamás a un centro cultural oficial ni en
pintura y mucho menos preocuparse de los problemas que allí ocurrían fruto de
las políticas neoliberales, las privatizaciones, externalizaciones, etc.
No ha sido
hasta el cambio de gobierno local, cuando el tejido asociativo y los
movimientos sociales, han empezado a aparecer por estos espacios, a preocuparse
por lo que allí sucedía y a reivindicar su participación en el diseño y la toma
de decisiones de los mismos. Totalmente legítimo, pero es poco respetuoso
entrar como elefante en cacharrería alterando el ecosistema de los que allí
habitábamos (trabajadores y usuarios que nunca vivimos precisamente en una zona
de confort) y queriendo
marcar un nuevo paso aprovechando el estado de precariedad en el que nos
encontramos sumidos a causa de un neoliberalismo demoledor y salvaje para con
los trabajadores y las propias instituciones de la cosa pública. En algunos distritos, lo que se ha pretendido no es sólo la participación y la toma de decisiones sobre la cultura de los barrios, sino un control absoluto por parte de algunas personas y colectivos concretos que llevan más de año y medio intentando encontrar la fórmula para imponer su modelo, paralizando las programaciones y el apoyo de servicios técnicos hasta dar con la manera de hacerse con la gestión y la ejecución de las programaciones de los centros.
Pero sigamos con el Informe de Usera. Después de hacer un análisis
sobre la situación en la que se encuentran los centros culturales municipales
(con el que coincido en parte en el diagnóstico del deterioro y así lo he
denunciado a lo largo de estos años en distintos artículos y Foros), proponen
como modelo de gestión para los mismos, el de los centros culturales
alternativos: “Ante el
desprecio a la Cultura Libre y Popular de los responsables municipales de
Madrid, han vuelto a resurgir, en los últimos años, colectivos ciudadanos que
gestionan Centros Culturales alternativos desde lo común, la innovación y la
responsabilidad colectiva. Algunos de estos espacios son experiencias exitosas
de socialización y modernidad y están reconocidos públicamente, como los tres
del Distrito Centro: El Campo de Cebada en La Latina, La Tabacalera Centro
Social Autogestionado en Lavapiés y El Patio Maravillas en Malasaña,
actualmente desalojado”.
Tras más de
un año de reflexión, el modelo de gestión pública propuesto, es el de los
centros sociales autogestionados: Tabacalera, Patio Maravillas y Campo de la
Cebada. Y en el mismo sentido ahonda la Propuesta de Modelo de Participación en la Gestión de Centros
culturales(4) elaborada por
la Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), de la que fue presidente
Ignacio Murgui, hoy Concejal Delegado de Coordinación Territorial y Cooperación
Público-Social. Por favor, esto no es serio, para este viaje no
necesitábamos tanta alforja.
En el
Ayuntamiento de Madrid existen unos 115 centros culturales dependientes de los
distritos. Estos equipamientos de proximidad ofrecen más de 4.000 cursos y
talleres cada curso escolar y dan cobertura a 74.496 alumnos matriculados
(datos del curso 2015/16). Cada año, hay más de 100.000 solicitudes de
asistencia para dichos talleres, por lo que las plazas se adjudican
por sorteo. Desde 2015 las solicitudes y pagos se pueden realizar por Internet.
Existe un catálogo general aprobado para todo el Ayuntamiento que fija unos
estándares muy amplios que abarcan un extenso abanico con todo tipo de cursos y
materias: Formación humanística, Idiomas, Informática y aplicaciones
informáticas, Autoayuda/Sentirse mejor, Gastronomía y dietética, Artes
plásticas, Artesanía, Artes escénicas, música y audiovisuales, Baile y danza,
Mantenimiento físico y masaje y Otros conocimientos y destrezas... La matrícula
es válida para todo el curso escolar y existe un precio público que se abona
trimestralmente. Por otro lado, también se imparten cursos y talleres específicos
por lo que si se quieren impartir otras disciplinas o materias nuevas es
posible hacerlo sin sustituir unos talleres por otros y sin denostar a las
personas usuarias de los mismos y a los trabajadores de los centros.
Los
monitores de los talleres pertenecen a empresas externas y la mayor parte son
licenciados con una larga y dilatada experiencia, aunque sus condiciones
laborales (dependiendo de la empresa a la que pertenezcan) son bastante
precarias, en parte, porque el propio Ayuntamiento ha ido aplicando tijeretazos
en los últimos años, a los importes de los contratos de talleres.
En el año
2016 se llevaron a cabo 15.355 actividades en los centros culturales. Estas
abarcan: teatro, cine, conciertos y actuaciones musicales, conferencias, danza,
concursos y certámenes, recitales, exposiciones, ludotecas, festivales, ciclos
y jornadas, campamentos, cesión de espacios, etc.
La Carta
Servicios de Actividades Socioculturales de los distritos fija unos compromisos
de calidad que todos los años son evaluados mediante el cumplimiento de una serie
de indicadores (Oferta de actividades, horarios, materiales, medios materiales,
instalaciones, difusión, evaluación del profesorado y del personal del centro,
etc.). Y existen mecanismos para presentar sugerencias, reclamaciones, etc. Por
lo general, las personas usuarias valoran muy positivamente los cursos y
talleres y habría que mejorar las instalaciones y equipamientos de los centros,
así como las condiciones del profesorado, la plantilla de personal del propio
Ayuntamiento, etc.
En el
Informe de Usera queda patente un cierto desconocimiento de cómo opera la
Administración en relación a los cursos y talleres de los centros culturales,
cómo está estructurada, sus servicios y funciones, su sometimiento a
indicadores y objetivos de calidad en los servicios y en la gestión, etc.
Y esto es clave para explorar nuevos caminos y ver cómo se puede operar
dentro de los márgenes pero sobrepasándolos con nuevas potencialidades.
Hay que
cambiar las formas de gestión, participación e intervención y el nuevo
municipalismo tiene mucho que aportar, pero con ideas que mejoren los límites
de lo posible, no que lo empobrezcan. El desprestigio de las instituciones por
los casos de corrupción no ayuda en absoluto, pero volver a una situación
preinstitucional no es el camino. ¿Duplicamos la Administración? ¿Echamos a los
agentes actuales y los sustituimos por otros, que parece que es lo que quieren
hacernos a los directores de los centros, funcionarios públicos con plazas
obtenidas por concurso de méritos aprovechando la falta de medios y el
debilitamiento de los servicios públicos producido por las políticas
neoliberales y que hemos sufrido en nuestras carnes desde hace más de 13 años?
Tal y como aparecía en el diario El País, 22 de mayo 2017: Carmena
se plantea sustituir a una parte de los directores de los centros culturales (achacando a
la Alcaldesa las decisiones de algunos concejales de distrito) y tal como ha
quedado reflejado en la propuesta de reestructuración de los distritos
confeccionada por el Concejal Delegado de Coordinación Territorial y Cooperación
Público-Social, Ignacio Murgui (recordemos que fue presidente de la FRAVM),
eliminando la figura de los directores de centros para sustituirlos por
personal afín que entrarán a formar parte de la Administración municipal como
interinos pero que, en pocos años, adquirirán la condición de funcionarios.
El Informe
de caso de los Talleres de Formación de Usera obvia que, para los cursos y
talleres impartidos en los 115 centros culturales de distrito, se producen unas
100.000 solicitudes cada curso escolar, aunque la oferta de plazas en los
mismos, sólo cubre en torno a 75.000 asistentes. Y que las evaluaciones de los
talleres por parte de la ciudadanía –a pesar de lo que afirman los colectivos
autogestionados– cumple los indicadores y objetivos previstos desde hace varios
años, valorándose muy positivamente por las personas usuarias tanto las
materias impartidas, como la labor de los profesionales que las imparten,
aunque su situación laboral y salarial sea muy precaria, cosa que sí detalla el
Informe. (Otra cosa diferente es que se puedan poner en marcha otro tipo de
talleres introduciendo nuevos enfoques, formas participadas de gestión, etc),
pero no hace falta denigrar lo existente para proponer lo posible.
En la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción
con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid 2016[5] en el Apartado 4: Satisfacción
con los servicios, equipamientos y actuaciones municipales 2016, los centros
culturales obtienen un 6,5 de puntuación, en una escala de 0 a 10. Y el puesto
núm. 13 entre los 45 servicios públicos evaluados, mejorando una décima la
valoración en el servicio en relación a 2014, que era de 6,4. Sin embargo, habría
mucho que mejorar, ya que en la comparación de ciudades, donde sólo se cita
Barcelona, esta última obtiene una valoración de 7,3. No sabemos si esta
valoración se refiere a los centros culturales en general o a los 51 centros
cívicos de los barrios (y que al igual que los de Madrid, ofrecen cursos y
talleres, además de otras actividades culturales: música, teatro, cine, etc. En
Barcelona no suelen cederse, sino que se alquilan espacios, pero lo que
realmente diferencia a los centros culturales de distrito del Ayuntamiento de
Madrid de los de Barcelona, es que esta última, funcionan en red. No una red
autogestionada, sino una red similar a la establecida en Madrid para las
bibliotecas públicas municipales, y que han obtenido una valoración del 6,9 y el
puesto núm. 7 como servicios y equipamientos más valorados en la Encuesta de Calidad de Vida y
Satisfacción de los
Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid, 2016). Por tanto, más política
pública y no menos para los centros culturales de distrito.
Por el
contrario, el Informe de Usera propone, como colofón final, una serie de Propuestas a futuro:
Dirigidas al Ayuntamiento
Considerando aquella exitosa primera experiencia proyecto
alternativo para la gestión de Centros Culturales, proponemos un bosquejo de
modelo de gestión integral ciudadana para los Centros Culturales de Madrid,
basado de entrada en los siguientes puntos:
1. Cesión de la Gestión Cultural a los
colectivos ciudadanos, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales y
empresas culturales de la zona. La toma de decisiones será colectiva y
asamblearia, pudiendo elegirse por los colectivos implicados un equipo
responsable para llevar a cabo las decisiones tomadas por la mayoría.
2. Coordinación por, al menos, un
Técnico Cultural capacitado, dinamizador y relacionado con AGETEC, la
Asociación de Gestores y Técnicos Culturales de la Comunidad de Madrid. Este
empleado municipal servirá de enlace entre los gestores ciudadanos del Centro
Cultural y el Ayuntamiento de Madrid.
3. Los colectivos concesionarios del
Centro Cultural estarán obligados a presentar ante el Ayuntamiento de Madrid
una Memoria de Actividades anual, fidedigna y exhaustiva, mediante la cual se
evaluará y fiscalizará la gestión realizada.
4. Cesión de las instalaciones y
espacios existentes para uso privilegiado, pero no excluyente, de los
colectivos socio-culturales del barrio que organizarán talleres, cursos,
seminarios, etc.
5. El uso de los locales de ensayo,
talleres, aulas y demás instalaciones del Centro Cultural será gratuito para
los vecinos y vecinas del barrio que a su vez participarán en las tareas de
mantenimiento y dinamización del mismo.
6. Por supuesto, la gestión y cualquier
trabajo se realizará sin ánimo de lucro, lo que no excluye el cobro de una
entrada apropiada o una aportación para materiales en aquellos eventos,
actividades, cursos, o espectáculos que así se considere necesario.
7. En la programación prevalecerá el
trabajo de los artistas cercanos al barrio, sin que sea excluyente la
integración de otros artistas cuando se considere de interés.
8. Creación de una Red de Centros
Culturales Madrileños para intercambiar experiencias, exposiciones, eventos,
etc.
9. En una Sociedad del Conocimiento
como la nuestra, no se pueden excluir del concepto cultural las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por ello se actuará
también con políticas activas para acabar con la “brecha digital” proveyendo
para ello en 3 sentidos:
· Centro de Acceso Público a Internet
(CAPI) para vecinas y vecinos.
· Centro de Difusión Tecnológica
Empresarial (CDTE) para emprendedores, comercios y pymes del barrio.
1 0. Difusión apropiada de la actividad
mediante una plataforma colectiva de la Red de Centros Culturales Madrileños,
un sitio web personalizado para cada Centro Cultural en particular y el uso
correcto y cotidiano de las Redes Sociales.
1 1. Las herramientas informáticas usadas
estarán implementadas en su totalidad en Software Libre y Código Abierto.
1 2. Los trabajos producidos por
artistas, autores y colectivos en esta Red de Centros Culturales Madrileños
serán licenciados bajo Licencias Libres, tales como GNU, Copyleft y Creative
Commons.
1 3. Creación de un repositorio digital
de documentos, fotografías y vídeos para uso común y libre de los eventos,
trabajos, cursos, talleres y demás actividades desarrolladas en la Red de
Centros Culturales Madrileños.
No es
extraño que ante este proyecto de bosquejo de modelo
integral ciudadano para los centros
culturales, la figura de los
directores moleste a algunos. Por ejemplo, en el distrito Centro, hace más de
un año que, en asamblea popular dentro de un proceso denominado "Construyendo cultura" liderado por Rubén Caravaca (y sí, algo falla cuando el sistema asambleario se focaliza en una única persona), a propuesta de algunas personas del Patio
Maravillas, se votó nuestro cambio de nombre y funciones y se crearon
comisiones de trabajo para repartirse las mismas entre las asociaciones y las
personas allí presentes. Fue totalmente denigrante, pero en aquel momento pensé
que era fruto del desconocimiento de los colectivos sobre el funcionamiento de
las Administraciones Públicas. Lamentablemente, han seguido por la misma senda con la connivencia del poder en los distritos, que ahora nos muestran su lado más
duro imponiendo el desalojo de nuestros puestos de trabajo, bajo la excusa de
una supuesta profesionalización de dichos puestos.
Las
políticas públicas culturales basan su existencia en dos viejos principios
fundamentales: el principio de democratización cultural (garantizar el acceso a
todas las personas a una oferta cultural de calidad) y el principio de la democracia
cultural (el fomento de espacios para la participación y la expresión social y
cultural, la construcción de cultura desde abajo por parte de todos los
miembros de la comunidad participando como actores comprometidos). La propuesta
de dejar estos principios fuera del paraguas de la Administración, no garantiza
en absoluto que se cumplan estos dos criterios.
Los nuevos
actores aducen el discurso de los bienes comunes y exigen la gestión
comunitaria de la cultura y, sin embargo, obvian a gran parte de los agentes
(los trabajadores y usuarios actuales de los centros, así como a los
tradicionales agentes de la cultura –creadores, profesionales y artistas-),
mientras que se erigen ellos mismos como únicos agentes primando a los
mediadores y dinamizadores de lo político y sociocultural; a la vez que
desdeñan e impiden las políticas de acceso. Defienden las políticas de bienes
comunes con una amplitud de miras tuerta, sin abordar la complejidad y
dificultad que suponen estos procesos y, en algunos casos, más que proyectos
colectivos, lo que proponen parece el proyecto diseñado por y para un único
colectivo, o incluso por un solo individuo que conduce asambleas manipuladas,
participa en los Foros Locales ofreciendo repartir trabajo a todos los
asistentes o pretendiendo montarse el chiringuito a través de los presupuestos
participativos en Decide
Madrid, la web de participación ciudadana. Es una lástima que las
incipientes formas de participación que se han puesto en marcha se desvirtúen
por algunos queriendo sacar un beneficio propio o que nazcan ya viciadas sin
que existan mecanismos para evitar abusos.
Los
proyectos culturales de gestión comunitaria son cruciales y necesarios y las
Administraciones locales tienen que poner el foco en ellos, de la misma forma
que los proyectos comunitarios de cultura deben poner el foco en la
Administración. Se pueden encontrar territorios comunes y de confluencia, pero
no son la misma cosa, ni tienen los mismos objetivos, ni los mismos agentes y
finalidades, por lo que tampoco son intercambiables unos por otros.
Que la
Administración pública apoye o dé cobertura a un proyecto concreto de gestión
comunitaria cediendo edificios, espacio, medios, recursos o infraestructuras,
financiándolo con fondos públicos o favoreciéndolo con otras medidas, esto no
asegura el carácter público del proyecto. Y qué decir entonces de que la
Administración pública se desentienda de sus propias funciones públicas (en
este caso las funciones públicas culturales) y deje la gestión que le es propia
en manos de otros (por muy de gestión comunitaria que sean).
Las
políticas públicas no deben tener por modelo los criterios utilizados en el
mundo de la empresa (grande o pequeña, pública o privada), pero tampoco deben
diseñarse únicamente en los laboratorios ni en los centros autogestionados,
sino que se construyen combinando procesos de intervención, con procesos de
libre aliento, hibridando a todos los agentes (públicos, comunes, individuales
y privados), poniendo en marcha procesos e iniciativas inclusivas dejando un
alto grado de dejar hacer y, por supuesto, dando cabida a todos los públicos y
usuarios, ofreciendo una cartera de servicios básicos. Porque si para unos la
cultura es una experimentación y un proceso para poner en práctica, para los
servicios públicos es un deber y una responsabilidad. Y es la Administración
Pública la que tiene la obligación de mediar entre todos estos agentes.
En los últimos años se ha ido imponiendo la gestión indirecta[5] de los
servicios públicos también en los servicios culturales, a través de diversas
fórmulas de colaboración público-privada. Parece que desde algunos sectores se
propone ahora la gestión indirecta, pero ahora enfocada desde lo
público-social. Sin embargo, para una gestión pública real, la gestión de los
servicios culturales debiera ejercerse de forma directa pública-pública que es
la que mejor garantiza el mantenimiento de un servicio público como público, incluido
dentro de la propia estructura administrativa de la entidad local. Si un
hospital o un colegio públicos (con trabajadores y medios públicos) los ponemos
en manos de un gestor diferente al de la propia Administración sanitaria o
educativa, ya hablamos de otro tipo de gestión y empiezan a surgir otro tipo de
entes y organismos que son más fáciles de externalizar, privatizar, etc.
La gestión
directa es la que mejor garantiza el acceso a la cultura en condiciones de
igualdad, y la que mejor asegura los principios de objetividad, legalidad, la
seguridad jurídica, la responsabilidad y la no arbitrariedad de los poderes
públicos en materia de acceso y promoción de la cultura. Sin embargo, no parece
ser muy ético eliminar a los funcionarios actuales que ocupan sus plazas de
forma legal y legítima, para colocar como interinos a personal afín.
En el
programa de Ahora Madrid se marca un objetivo estratégico que es gestionar de
forma racional, justa y transparente la administración local; y se establecen
una serie de estrategias para llevarlo a cabo: acercamiento de la
administración municipal a la ciudadanía, proactividad y personalización de
servicios; calidad, innovación y mejora continua en la prestación de servicios
y en los sistemas de gestión; desarrollo del liderazgo de los responsables y
del potencial de los empleados públicos; nuevo modelo de comunicación que
ofrezca a la ciudadanía toda la información municipal en tiempo real;
transparencia, gobierno abierto, apertura de datos y reutilización.
Nada de esto
sucede en algunas Juntas de Distrito en lo referente a cultura, donde el apoyo
a los procesos de gestión es nulo, a los trabajadores ni siquiera se nos tiene
en cuenta en la toma de decisiones y los planes futuros –porque en algunas
Juntas llevamos sin programación cultural desde hace más de un año esperando
que el tejido asociativo decida y diseñe la nueva programación experimental-
son completamente opacos.
Con el fin
de evitar la contratación pública a empresas ajenas, las competencias
culturales que corresponden a los servicios culturales del distrito se están
derivando, mediante encomiendas de gestión[6],
a la empresa pública Madrid
Destino Cultura, Turismo y Negocio, SA y
los presupuestos de la cultura del barrio, pasan a ser gestionados por la
empresa pública. En la empresa la agilidad y operatividad son mayores, pero la
función interventora (fiscalización previa), la función de control financiero
(control a posteriori de naturaleza económico-financiera) y la función del
control de eficacia (control a posteriori del grado de cumplimiento de
objetivos presupuestarios y análisis del coste de funcionamiento y del
rendimiento de los servicios o inversiones) son mucho menores, como hemos
comprobado en los últimos tiempos con los numerosos casos de corrupción
perpetrados a través de empresas públicas en la Comunidad de Madrid.
No quiere
esto decir que se pretenda hacer lo mismo (de hecho, desde Madrid Destino se están abriendo cajones y destapando
operaciones sospechosas), pero desde un primer momento, se han rechazado otros
modelos de municipalización y gestión directa posibles, como que la selección
de contenidos (programación) pudiera realizarse de forma directa en el
distrito, mientras que las gestiones de contratación, administración y pagos
pudieran centralizarse (p.e. creando una ventanilla y una oficina únicas en el
Área de Cultura) porque si lo que quisiera evitarse son las labores de gestión
y administración a la hora de las contrataciones, la empresa pública también se
ve obligada a hacerlo, aunque sin menos controles de fiscalización del gasto
público y con mayor liberalidad a la hora de escoger a los “programables” sin
atenerse a los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y
responsabilidad a los que sí están sometidos los funcionarios públicos.
Pues bien,
tras un proceso participativo en el que ni los responsables de los centros ni
los trabajadores de los mismos hemos participado, se han aprobado dos
encomiendas de gestión de los distritos hacia la empresa pública Madrid Destino Cultura, Turismo y
Negocio, SA, para el
desarrollo de los programas Mirador
Arganzuela y Mirador Usera. Y afirmaban que, en
un futuro se irían adhiriendo el resto de distritos.
De esta
forma, se han creado los programas Mirador
Arganzuela y Mirador Usera, justificando las encomiendas, según la
Concejala en lo siguiente: “Usera y
Arganzuela apuestan por la descentralización y remunicipalización de la gestión
cultural en los distritos. Los distritos gestionamos instalaciones culturales
pero no disponemos de recursos económicos y humanos para llevar a cabo una
programación cultural sin recurrir a la contratación de empresa privadas".
Por ello, ambos distritos quieren dar comienzo a un nuevo modelo de gestión
cultural pública y participada, que permita dotar a sus programaciones de una
coherencia e impacto mayores de los alcanzados hasta ahora. Con estas
iniciativas se quiere conseguir que la cultura no sólo se consuma, sino que
pase a ser una herramienta de trabajo cooperativo y capacitador, que incluya
elementos de prevención de situaciones de riesgo social”[8]:
Por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2017, se Autoriza la encomienda de
gestión por el Distrito de Arganzuela a la sociedad Madrid Destino Cultura
Turismo y Negocio, S.A., cuyo objeto es la “Programación, gestión, comunicación
y desarrollo del Programa de Innovación en Cultura de Proximidad: MIRADOR
ARGANZUELA”, por un plazo de ejecución previsto desde el 1 de abril de 2017,
hasta el 20 de diciembre de 2019. Para ello, se Autoriza y dispone el
gasto plurianual de 1.093.713,14 euros, no sujeto a IVA, con el siguiente
desglose por anualidades: Año 2017, por importe de 319.499,89 €, Año 2018, por
importe de 367.362,37 € y Año 2019, por importe de 406.850,88 €.
Por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2017, se Autoriza la encomienda
de gestión a la sociedad Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. para el
Programa MIRADOR USERA, del Distrito de Usera, con un plazo de ejecución desde
el 1 de abril de 2017, hasta el 20 de diciembre de 2019. Para ello, se Autoriza
y dispone el gasto plurianual de 1.238.666,45 euros, no sujeto a IVA, con el
siguiente desglose por anualidades: Año 2017, por importe de 335.618,05 euros;
Año 2018, por importe de 441.828,23 euros y Año 2019, por importe de 461.220,17
euros.
La figura de
la encomienda de gestión es una figura controvertida. Según el Tribunal de
Cuentas, en un gran número de encomiendas, la finalidad perseguida con su uso
ha sido la de satisfacer las necesidades de carácter permanente, derivadas de
la existencia de déficits estructurales de plantilla, a través
de la aportación de medios personales. Y, en determinados supuestos, la
concurrencia de encomiendas, de carácter permanente y estructural, ha dado
lugar al reconocimiento, por parte de la propia entidad o a través de varias
sentencias, de la condición de personal laboral indefinido a trabajadores que
habían sido contratados, previamente, como temporales. (TRIBUNAL DE CUENTAS.
Informe nº 1197/2016. Encomiendas de gestión del sector público autonómico.
Ejercicio 2013). Mucho nos tememos que estas contrataciones sean un coladero de
personal afín.
El artículo
24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011 Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público dice que si una entidad medio propio no puede ejecutar el
50% del encargo, es que no es suficientemente apta para realizar la prestación,
por lo que no concurriría el supuesto de hecho del apartado 1.a) del propio
artículo 24, y, por tanto, no cabría el encargo o encomienda correspondiente.
En dichas actuaciones, se plantea la justificación de la figura de la
encomienda, ya que al carecer el medio instrumental de los medios suficientes
para ejecutarlos, su papel puede quedar reducido a un mero gestor en las
labores de contratación que podrían haber sido realizadas por la propia
administración encomendante, de lo que pudiera desprenderse que la verdadera
finalidad de ésta es eludir la aplicación de la normativa contractual de
aplicación y compensar la falta de capacidad y de organización para llevar a
cabo las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines.
Las encomiendas de gestión suponen una excepción a los principios de publicidad
y concurrencia que inspiran la normativa sobre contratación pública, y suponen
una excepción a los principios de publicidad y concurrencia que inspiran la
normativa sobre contratación pública, y los requisitos necesarios para poder
acudir a esta figura han de ser objeto de una interpretación estricta.
Desde los centros culturales comprobamos con asombro, que en vez de personal de
apoyo y soporte dentro de la propia estructura administrativa del Distrito, a
través de estas encomiendas de gestión se están creando varias figuras de nuevo
personal a contratar por la empresa pública Madrid
Destino Cultura, Turismo y Negocio SA y
que ahora van a operar en los distritos. Por ejemplo, en Arganzuela, se crean
las figuras del agente para la definición, programación y gestión (44.000€/año)
y el agente para dinamizar la participación ciudadana en
el ámbito cultural (40.000€/año) y con unas tarifas en costes de personal y
actividades, totalmente desproporcionadas, según nuestra experiencia
profesional.
Nuestros salarios públicos no han alcanzado jamás dichas cifras, a pesar de
encargarnos de diferentes líneas de programación, gestión, coordinación,
atención a la ciudadanía, relaciones con el tejido artístico y vecinal; labores
de administración, elaboración de memorias y estadísticas, evaluación del
servicio, control de aforos, poner micrófonos y hasta pasar la mopa.
Resulta
también paradójico que mientras el Área de Cultura, a través de la empresa
pública Madrid Destino,
Cultura, Turismo y Negocio, dedica un magro presupuesto y una línea de
programación a la cultura en los distritos, los distritos, a su vez, están
haciendo encomiendas de gestión pasando sus funciones y presupuestos para que
los gestione la empresa pública ¿no se trataba de descentralizar y
remunicipalizar? Existiendo ya unos servicios culturales en el distrito,
dotados con personal municipal, por lo menos para programar, que no para la
asistencia técnica, artística y profesional ¿Qué sentido tiene ese trasvase de
presupuestos y funciones de la empresa a los distritos y de los distritos a la
empresa? ¿Será que queremos colocar a los colegas gestores en la empresa o a
los que marquen las programaciones en los distritos?
Madrid
Destino es la empresa
pública creada por Ana Botella en 2013 con el fin de liberalizar las políticas
culturales, fruto de la fusión de las tres sociedades que creó Gallardón: Madrid Arte y Cultura (MACSA) la gestora de teatros y
espacios escénicos del Ayuntamiento Madrid, Madrid
Visitors & Conventions Bureau (MV&CB)
la gestora de turismo y Madrid
Espacios y Congresos (Madridec)
la gestora de infraestructuras. Tras liquidar estas empresas y pasar sus deudas
al Ayuntamiento, la empresa maneja hoy un presupuesto en torno a los 90
millones de euros. Se trata de una empresa que ha gozado y sigue gozando de una
opacidad tremenda. Los trabajadores siguen sin convenio colectivo y muchas de
las plazas de quienes tuvieron que abandonar la empresa por los ERE’s todavía
no se han cubierto. Manuela Carmena acaba de nombrar un nuevo Consejero
delegado de la empresa y de cambiar al Vicepresidente Primero del Consejo.
A día de
hoy, la empresa pública no cuenta ni con un organigrama completo ni con una
relación de puestos de trabajo y, en los últimos meses, se han creado numerosos
puestos de trabajo de alta remuneración. A finales de 2016, el Comité de
Empresa presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo en relación a los
procesos de contratación y promoción interna que habían tenido lugar. En un
año, la empresa ha duplicado los trabajadores temporales (eventuales y
artísticos) y se superaron no sólo las previsiones de 2016, sino las previstas
para 2017 produciéndose un aumento del gasto por encima de las previsiones.
Asimismo, la empresa ha visto reducidos sus ingresos por encomiendas de
gestión, y hubo reducción en el importe neto de la cifra de negocios y en los
ingresos por patrocinios.
Desde la
Alcaldía se ha informado de que este modelo de encomiendas no se va a extender
al resto de distritos, pero el amago de colocar a personal afín en la
Administración municipal se está intentando por otras vías, como la nueva
propuesta de reestructuración de los distritos.
Resulta
cuando menos, curioso, que mientras las últimas movilizaciones del 15M y las
reivindicaciones de las diversas mareas (verde, blanca, violeta…) se oponían a
las privatizaciones y recortes en los servicios públicos de educación, sanidad,
igualdad, etc; poco se trataba el tema de los recortes en servicios públicos
culturales más allá de alguna movilización concreta como la que tuvo lugar el 9
de marzo de 2014 a propuesta de la Plataforma en Defensa de la Cultura o
algunas manifestaciones contra los recortes en los servicios bibliotecarios.
Manuel Rico,
en un artículo titulado “La hora de la ‘marea cultural’: una reflexión ante el
9 de marzo”[9] , que llamaba a dicha
movilización en defensa de la cultura proponía la marea roja, "una marea activa,
que muestre en la calle que la cultura, en el siglo XXI, forma parte de los
bienes colectivos imprescindibles del estado del bienestar".
En dicho
artículo, Manuel Rico hablaba de un colectivo silencioso en materia cultural,
más allá de los rostros conocidos o “famosos” del progresismo “compuesto por
los usuarios de los servicios culturales, por quienes disfrutan de la
cultura gracias a la presencia en ese ámbito de la iniciativa pública. Padres y
madres que llevan a sus hijos a las escuelas de música y conservatorios
municipales de cientos de barrios, distritos y pueblos de nuestra geografía;
jóvenes que pujan por abrir paso a grupos musicales; amantes del cine o del
teatro que suelen nutrirse, gracias a los bajos precios, de la actividad de
centros cívico-culturales o universidades populares; escritores y escritoras
curtidos en talleres promovidos por ayuntamientos; lectores de bajo poder
adquisitivo que son usuarios habituales de las bibliotecas públicas. Y hablo,
en fin, de los jóvenes y no tan jóvenes a los que el 21% del IVA les ha puesto
aún más lejos acceder al cine en las salas privadas, de los pequeños
empresarios y autónomos que viven la decadencia o el cierre de sus librerías o
sobreviven con sus pequeñas editoriales, o de los ciudadanos para los que gozar
de una obra de teatro o de una ópera en las salas más emblemáticas es una
auténtica quimera”.
Rico también
menciona los recortes poco conocidos: “Si el saqueo
de las Cajas de Ahorros ha tenido como víctimas más inmediatas las redes de
centros culturales o de bibliotecas, eliminadas por la vía directa, o la
supresión de premios literarios y artísticos (algunos con una tradición de
medio siglo) y de programas de promoción de la lectura, de promoción del teatro
o de las artes plásticas, en los ayuntamientos y comunidades autónomas
gobernadas por la derecha, la austeridad obligada ha golpeado con dureza a ese
inmenso tejido ciudadano que, lejos de los foros televisivos y de las tribunas
mediáticas, hace, cada día, posible, la cultura en nuestro país, en nuestros
pueblos y ciudades. Y ese tejido (hecho de jóvenes, estudiantes, mujeres,
personas mayores…) es el que sufre recortes que muchas veces pasan
inadvertidos: por citar un ejemplo ilustrativo, sólo en la ciudad de Madrid,
entre 2011 y 2014, los recursos destinados a todo tipo de talleres culturales
se han reducido en casi un 18%
(4,6 millones de euros) y los
dedicados a contratación de diversa oferta cultural, en casi un 50% (4,7 millones de euros),
un auténtico tajo que afecta ante todo a los sectores sociales con menor poder
adquisitivo y a los distritos periféricos. Si eso se añade a los recortes
ministeriales y se suma a la brutal reducción de los presupuestos de cultura en
las grandes ciudades del área metropolitana madrileña bajo gobiernos de la
derecha, no es difícil advertir las consecuencias que todo eso tienen en la
vida cultural, en el empleo de ese sector, en una industria frágil como
imprescindible”.
Ahora la situación es la contraria, existen magras partidas
presupuestarias para la cultura en los distritos, pero no llegan a los centros
culturales y las programaciones se mantienen en suspenso, me temo que hasta que
se apliquen las Encomiendas de Gestión o se diseñe otra figura similar a la
medida de algunos personajes o colectivos concretos que son los que han parado
las programaciones. Se trata de poderes informales que están diseñando las
"nuevas formas de gestión" con total opacidad. En algunos distritos
ni siquiera a las direcciones de los centros y a las Unidades de Cultura nos
permiten elegir las programaciones (teatro, conciertos, etc.) que desde Madrid
Destino nos ofertan como parte de la política de descentralización de la
cultura. Mientras tanto, el tejido artístico y cultural no trabaja porque no
puede exhibir sus creaciones y el público del barrio no tiene acceso a las
mismas. Eso sí, los teatros o salones de actos de los centros culturales
llevamos más de un año dando cobertura a todo tipo de actos de partidos
políticos, asociaciones, jornadas, etc. Nadie se cuestiona en qué condiciones
trabajamos, con qué medios y las condiciones precarias en las que estamos.
Nadie sabe, excepto las personas usuarias, los trabajadores y
responsables de dichos centros culturales –como es mi caso- cómo hemos vivido
en carne propia los recortes, las privatizaciones, externalizaciones y las
políticas neoliberales que agudizaban aun más si cabe, la situación precaria de
la que partíamos. Porque si la burbuja urbanizadora se cernió como un águila
neoliberal sobre las grandes instituciones culturales y sus desmedidos
proyectos hasta desinflarse dejando infraestructuras a medio cocer diseminadas
por todo el territorio o sin proyectos con los que llenar los enormes
contenedores culturales, los pequeños centros culturales de distrito ni
habíamos palpado los oropeles y exuberancias anteriores al pinchazo de la
burbuja ya que durante aquellos gloriosos años continuamos espigando la miseria
presupuestaria y la escasez de recursos -materiales y humanos-, sino también la
dejadez por parte de los responsables políticos y administrativos del
Ayuntamiento que nos condenó durante décadas, tanto a trabajadores como a
usuarios, a una indigencia cultural a raudales en cuanto a contenidos
culturales, a unas formas de gestión inadecuadas y al abandono más absoluto por
la falta de apoyo público para desarrollar nuestra labor con profesionalidad y
eficacia.
Hemos de recordar que, si bien en el Ayuntamiento de Madrid los
cursos y talleres están sometidos a un precio público modesto que cubre el
coste del servicio, las actuaciones (teatro, conciertos y programación
infantil, así como las salas de exposiciones que habilitan la exhibición
gratuita por parte de artistas plásticos y visuales del barrio, como a artistas
acreditados) todas estas programaciones en los centros culturales municipales
son de acceso libre y gratuito, por lo que estos centros de proximidad eran los
que, hasta ahora, garantizaban de verdad el derecho de acceso al arte y la
cultura y que a partir de ellos y su función de derecho al acceso, se justifica el infinito y más allá en las políticas públicas
culturales, por lo que no es de recibo que se hayan paralizado los servicios
públicos culturales en algunos distritos durante más de un año.
Para
analizar el caso de la cultura en Madrid, es preciso saber de dónde venimos,
cómo estamos y a dónde nos encaminamos y, sobre todo, acabar con la opacidad y con la guerra de guerrillas actualmente existente. Ya casi hemos pasado el ecuador, tras
dos años de cambio de gobierno con la irrupción de las nuevas corrientes
municipalistas. Y perdonen que eche más leña al fuego ahora que el tema
cultural está candente, pero precisamente por eso, hay que abordar el asunto de
una vez por todas, si es que queremos desenmarañar este nudo gordiano para
saber qué diablos pasa con la cultura en el Ayuntamiento de la capital. Porque
o ponemos todos las cartas sobre la mesa o la farsa continúa en una guerra de
posiciones sin sentido, comiéndose otra media legislatura.
En un artículo que publiqué el 14 de junio de 2015 titulado La cultura local de proximidad[10] expuse la
situación y las singularidades de la política cultural local en el Ayuntamiento
de Madrid, su compleja e ineficaz estructura y la falta no sólo de un plan
estratégico para la ciudad, sino de unas líneas claras o unos objetivos mínimos
de actuación concreta en materia cultural, por lo menos en lo referente a
Política Pública Cultural que es la verdadera competencia básica local de un
Ayuntamiento y la que debiera aplicarse a los centros culturales de distrito.
En el resto de espacios, podemos imaginar nuevos e innovadores modelos de gestión, autogestión etc. e, incluso, seguir con la polémica y la guerra cultural
hasta el infinito y más allá, pero las guerras políticas no debieran afectar a
los derechos ciudadanos, y el derecho a la cultura es uno de ellos.
NOTAS:
[3] Informe de caso de los Talleres de formación de los Centros
Culturales del distrito de Usera
[6] La Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local recoge las formas de
gestión. “Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de
la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A) Gestión
directa:
a) Gestión por
la propia Entidad Local.
b) Organismo
autónomo local.
c) Entidad
pública empresarial local
d) Sociedad
mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
B) Gestión
indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión
de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta
lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de
funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos”.
[7] Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Art. 11 Encomienda de gestión. 1) La realización de actividades
de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos
o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o
Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre
que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o
cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Las
encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los
contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta. 2) La
encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni
de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano
o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de
encomienda.
[8] Usera y Arganzuela apuestan por la descentralización y
remunicipalización de la gestión cultural en los distritos
Entradas
